| NOV 262015 Nunca estaré de acuerdo con la aplicación sistemática de acciones militarizadas para remediar cualquier problema, ni creo que el gobierno de Michoacán tenga esa intención, pero si debemos comprender que cuando las cosas se desbordan en perjuicio de la sociedad, el Estado Mexicano debe proteger y hacer valer las garantías individuales consagradas en la Constitución, que permitan el ejercicio ciudadano de nuestros derechos y de nuestras obligaciones, y si para lograrlo se aplica una acción extrema, será porque no hubo otra de carácter intermedio que pudiera solucionar el problema. El pasado domingo 22 de noviembre del 2015 se llevó a cabo la evaluación al desempeño docente para los maestros y directivos de Educación Básica y docentes de Educación Media Superior de Michoacán enmedio de un impresionante operativo de seguridad que se puso en marcha desde el sábado 21 de noviembre a cargo de la policía federal y del ejército mexicano asentados en la entidad. Tal acción ha dividido opiniones, sin desestimar la razón que pudieran tener unos y otros, habrá que tomar en cuenta que la amenaza de la dirigencia radical del magisterio de boicotear y a toda costa evitar que se llevara a cabo este proceso de la evaluación era un hecho real y de grandes dimensiones. El gobierno de la entidad tenía la obligación de proteger y hacer valer el derecho de los 1850 docentes que registraron evidencia de enseñanza y que deseaban cumplir con la obligación constitucional de complementar su evaluación mediante el desahogo de las etapas tres, cuatro y cinco que contempla el proceso de evaluación. Finalmente, el gobierno michoacano prevío, actúo y garantizó que 1740 docentes se presentarán a ejercer su derecho y cumplir con su obligación. Hay un elevado número de maestros que están fuera del proceso si consideramos que el universo aproximado de docentes seleccionados en educación básica fue de 5500. Que fue exagerado el dispositivo de seguridad, tal vez, pero se extremaron precauciones, eso impidió que los contingentes de la CNTE emplantonados frente a palacio de gobierno ni siquiera intentarán acercarse al Centro de Convenciones, habilitado como sede para la aplicación del examen de conocimientos y competencias didácticas y la planeación argumentada, el cual fue prácticamente blindado en su perímetro para evitar intromisiones. Que ese día hubo desorganización al interior y que la jornada fue extensa, cansada y con una serie de fallas técnicas, es cierto, pero todo a causa de la situación atípica que estamos viviendo y que impide que existan las mejores condiciones para que los docentes apliquen su evaluación sin dificultades de ese tipo, al final de cuentas el proceso es perfectible y habrá muchas cosas que deben ser corregidas de tal forma que en la siguiente etapa ya no se padezcan. Me parece de suma importancia que la autoridad educativa local sea sensible y haya anunciado que gestionará una oportunidad adicional para que los docentes que por diversos motivos no pudieron cumplimentar su evaluación puedan hacerlo. Esta nueva oportunidad anunciaron que sería antes del 13 de diciembre del año en curso. Esperemos se lleve a cabo y acudan todos los docentes que por motivos de diversa índole fueron impedidos. Quienes fueron seleccionados para presentar la evaluación en la primera etapa deben considerar e investigar si aquellos que los presionan por diversos medios para que no se evalúen están también convocados a la evaluación, porque de no ser así puede suceder que cuando éstos sean seleccionados en las próximas etapas acudan sin problema después de haber puesto en riesgo a quienes conminaron a no evaluarse, asegurando su condición laboral pero poniendo en riesgo la de los demás. El magisterio de la entidad avanza hacia la libre determinación, emigrando de un sistema corporativo y clientelar a otro que es meritorio y de reconocimiento social, y el gobierno de Michoacán les está garantizando el derecho que les asiste. |
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