JUL 212014 El operativo contra Rosa Verduzco es un indicador de que las prioridades del gobierno federal en materia de combate a la delincuencia han cambiado. En las últimas semanas el discurso gubernamental ha marcado mediáticamente la agenda con el tema de que en Michoacán el territorio y la seguridad han sido recuperadas. Y en adelante se hablará del "inminente regreso de la seguridad y la paz social". Con este giro de la estrategia federal se pretende sacar de la opinión pública la exigencia de que sean desmanteladas por completo las redes financieras y políticas de los narcos y pasar a un segundo plano la captura de capos aún en libertad como "la tuta". Realmente estamos asistiendo, de nueva cuenta, al fracaso de la estrategia anticrimen en Michoacán. Sabemos que si no se desmantelan las redes de empresarios y políticos que hundieron a nuestro estado en el infierno y no se les lleva ante la ley, el problema va a resurgir porque la red estará viva, lista para seguir operando. El gobierno federal y en particular el Comisionado lo saben perfectamente, tienen nombres y circunstancias y con frecuencia alardean de ello ante los medios de comunicación para acalambrar a los destinatarios del mensaje. La información que poseen la están utilizando con criterios extralegales y claramente políticos para mantener la subordinación de la clase política michoacana, del sector empresarial y de algunos círculos de profesionistas. Esta relación envenenada y peligrosa es a la vez el soporte del esquema de gobernabilidad que ya se está desarrollando en Michoacán y sobre el cual se pretende construir la gobernabilidad futura del estado. A casi 7 meses de la creación de la Comisión para la Seguridad y el Desarrollo Integral de Michoacán los resultados han sido harto modestos. La organización "Alto al Secuestro" que dirige Isabel Miranda de Wallace, dio a conocer el 16 de julio, casi en la fecha que se realizaba el operativo contra "mamá Rosa", que en el primer semestre del año el secuestro se había incrementado en México un 56 % con respecto al mismo período de 2013; señaló que "las entidades con mayor incidencia en este delito son: Estado de México, Morelos, Guerrero, Tamaulipas, DF, Veracruz y Michoacán." El secuestro es un delito esencialmente cometido por la delincuencia organizada. Si en Michoacán, como reza el discurso gubernamental, se ha recuperado la seguridad y el territorio y se ha desmembrado al crimen, cómo es entonces que el secuestro ha repuntado. No me queda ninguna duda de que el gobierno federal y el Comisionado seguirán insistiendo en que Michoacán ha recuperado la seguridad. La designación del gobernador sustituto, el reemplazo del gabinete estatal, el lanzamiento mediático de Michoacán, la legalización de algunos grupos de autodefensa, el protagonismo del Comisionado en eventos de obra pública, son piezas de una jugada política que supone dejar atrás el discurso de los secuestros, las extorsiones, las ejecuciones, etc., ligadas con los poderosos cárteles. Qué bien que fuera cierto, el problema es que no es así y los michoacanos lo sabemos. Sin embargo, el Comisionado necesita de nuevos villanos, otro tipo de malos, para justificar su injerencia en los asuntos de Michoacán y profundizar el poder político que ya ha alcanzado y que le ha permitido subordinar a todos los poderes del estado. El caso del albergue de "mamá Rosa" se inscribe en esta estrategia. Un caso que debió haberse atendido a través de otros medios como la Secretaría de Salud, el DIF, Secretaría de Educación y Derechos Humanos, para tener información sólida, incluso para identificar las omisiones del propio Estado y los gobiernos en materia de atención a huérfanos y desvalidos en Michoacán, se abordó como objetivo de máxima peligrosidad. La presencia de policías federales y fuerzas militares solo corroboraron la injerencia del Comisionado, la marca de la casa. Los rumores de tumbas clandestinas y otros que nunca se probaron, salieron de las mismas mentes que convirtieron una pierna de pollo frito en arma exclusiva del ejército para encarcelar a Mireles Valverde. El caso de Rosa Verduzco fue vendido y presumido mediáticamente a México y al mundo como constancia de eficacia de la intervención federal en Michoacán y como prueba de la superación de la fase antinarco para pasar a atender otro ámbito de la delincuencia. Quienes tuvieron esta ocurrencia no valoraron la reacción nacional e internacional que el operativo suscitó y que echó por tierra el montaje. Ahora deberán encarar un alto costo político, cuyo precio tendrá que ser pagado o por la Procuraduría General de la República o por el Comisionado Alfredo Castillo. Lo invariable es que el Comisionado necesita nuevos villanos, otro tipo de malos, y los buscará donde sea con tal de que la opinión pública se sienta compensada o bien olvide que "la tuta" sigue en libertad, como en libertad siguen políticos y empresarios que trabajaron para el narco; los necesita para que Michoacán y México crean que en estas tierras ya llegó la seguridad, la paz y la prosperidad. |